Lenia Batres no se resigna a perder la presidencia de la Suprema Corte de Justicia
Miguel Ángel Rivera, Opinión jueves 13, Ago 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Como parte del riguroso protocolo que aplicaba a la antigua Suprema Corte de Justicia, las noticias que surgían de sus sesiones de trabajo se reducían a sus sentencias y a los argumentos legales que sustentaban sus sentencias, pero nunca eran los ministros el tema.
Aunque se trataba de destacados juristas, con sobresalientes trayectorias en la academia, los ministros actuaban con gran discreción y su fama era por la calidad de sus ponencias, pero no por la posición que asumían ante los casos sometidos a su criterio.
Como sucedió con muchos otros aspectos de la actividad del máximo tribunal del país, esa solemnidad y discreción se rompió con la llegada de la llamada Cuarta Transformación, cambio que personalizó la ministra Lenia Batres Guadarrama, una abogada de muy elementales conocimientos de la jurisprudencia, pero muy inclinada al protagomismo personal.
Ese rompimiento se produjo desde el momento de su elección, pues no alcanzó los votos suficientes en el Senado para ser nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia, por lo cual su promotor, el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que recurrir al resquicio que ofrece la Constitución de imponer a su candidato(a) cuando no hay acuerdo en la pomposamente llamada Cámara alta.
De inicio, Batres entró en conflicto con sus pares por exigir que se aplicara la supuesta política de austeridad pregonada por la 4T, al demandar que se redujeran los salarios y las prestaciones de los ministros de ese tribunal constitucional. De hecho, ella misma solicitó al administrativo reducir su salario a menos de lo que gana el presidente de la República, como lo establece la reforma constitucional promovida por el cacique de Macuspana. Al respecto, es de recordar que en la anterior reforma al Poder Judicial promovida por el ex presidente priista Ernesto Zedillo, se estableció que los juzgadores federales deberían tener salarios y prestaciones por encima del promedio para estar a salvo de tentaciones de corrupción, además de tratarse de un reconocimiento a su gran capacidad y preparación en materia jurídica. Pero ese es otro tema.
El hecho es que contrario a lo que se espera de un juez, de ser imparcial, Batres llegó con criterios preconcebidos que intentaba aplicar, como su predisposición a sancionar los grandes empresarios a quienes considera delincuentes.
Las deficiencias de la preparación de Lenia se han evidenciado en sesiones del máximo tribunal, pues otros ministros le han enmendado la plana o han rechazado sus ponencias por no ajustarse a lo establecido en las leyes.
Un caso de controversia fue en un tema que para los profanos no tiene mayor trascendencia. Se trata de la forna como se deben notificar las sentencias de amparo a las autoridades, por oficio o por lista. Batres propuso que se hiciera por oficio, pero esa decisión fue descalificada por el resto de los ministros, es decir ocho contra uno.
Batres lo tomó como una agresión a su persona, al acusar a sus pares de tener “animadversión” en su contra por rechazar su proyecto sin “argumentos jurídicos”. “Veo una animadversión insana. Voy a retirarlo (el proyecto) y espero sus observaciones y de verdad quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al Órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte”, manifestó la ministra al denunciar que sus compañeros estaban en desacuerdo también con un proyecto de presupuesto que ella presentó ese mismo día.
En este caso tuvo que intervenir el presidente del tribunal, el oaxaqueño
Hugo Aguilar Ortiz, para calmar los ánimos, pero también para refutar las acusaciones de la ministra. “Me estoy enterando del oficio, en lo personal, ministra, nada tiene que ver. Yo acabo de enterarme, no sé si alguien quiera comentar algo”, dijo mientras sus compañeros lo rechazaban.
A su vez, la ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió que las expresiones de Batres “me parecen preocupantes”.
Esquivel pidio “seamos serios” y calificó de insano lo que estaba ocurriendo, “pues yo no veo dónde está ninguna de las consideraciones ni expresiones hacia la persona de la ministra ponente, de ninguna manera, son expresiones en contra del proyecto que hoy se nos presenta”, aclaró.
En su propuesta de presupuesto, Batres se manifiesta contraria a la resolución que aprobó la Suprema Corte la semana pasada para solicitar un presupuesto de 6,104 millones de pesos, un 17,2%% adicional respecto del monto autorizado por la Cámara de Diputados para 2026.
Con base en la llamada política de austeridad de la 4T, la ministra sostiene que, de aprobarse el presupuesto propuesto, “habrían sido nugatorios los esfuerzos de austeridad realizados, obligación que, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Austeridad Republicana, también debe realizar este Poder Judicial”. En particular protesta porque esa solicitud de incremento, revive, “sin estudio previo, la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300″.
Analistas ajenos al máximo tribunal estiman que un factor que influye en estas tomas de posiciones es el futuro nombramiento del sucesor de Aguilar Ortiz, pues desde su llegada al máximo tribunal Batres exhibió su ambición de alcanzar esa posición, actitud que mantuvo y hasta incrementó al instalarse la nueva Suprema Corte, promovida por el régimen del que ella es destacada integrante.
Por cierto, debido a una de las irregularidades de esa reforma impulsada por la llamada Cuarta transformación, hay una contradicción acerca de la forma como se debe elegir al presidente de la Suprema Corte, pues por una parte se dejó el anterior artículo en la materia, el cual establece que los ministros deben decidir quién los encabezará, pero la reforma incluyó una disposición en el sentido de que debe ser nombrada la persona que tuvo más votos después del actual presidente y en este caso, la designación recaería en la inquieta Batres, quien desde ahora intenta dirigir el rumbo del máximo tribunal.
De mantenerse el criterio de que los ministros en funciones son los que deben elegir a su presidente, Batres aparece desde ahora como rechazada y por eso se queja de animadversión de sus colegas.
La solución sería que el Congreso de la Unión corrija la contradicción y apruebe otra reforma en la que se defina cuál debe ser el procedimiento para nombrar al presidente de esa institución. Morena y sus rémoras tienen la mayoría calificada para aprobar los cambios, pero los legisladores oficialistas han mostrado poco interés en corregir el entuerto, tal vez porque no han recibido instrucciones del Ejecutivo.
El presidente en funciones, Hugo Aguilar, reconoció el pasado fin de semana en una entrevista con La Jornada que la cuestión genera tensiones en el interior de la Corte, ha descartado entrar a debatirlo antes de enero de 2027.
“Ahorita no me parece ni siquiera prudente abordarlo”, señaló al diario.
Estados Unidos mantiene su amenaza de actuar “por tierra” contra los cárteles del narcotráfico
Por otra parte, se mantiene la amenaza de los Estados Unidos de actuar contra los cárteles del narcotráfico directamente en sus lugares de origen, especialmente en América Latina.
Esa amenaza recae directamente contra la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, quien se esfuerza por mantener vigente la soberanía nacional y evitar que agentes de otras naciones actúen en territorio nacional.
A anteriores amenazas del presidente de la vecina potencia, el magnate Donald Trump, se sumó ayer su secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien confirmó que Estados Unidos planea atacar «en tierra» a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones dedicada al contrabando de drogas.
Esos planes, anunciados en Panamá, que incluyen operaciones antidrogas terrestres se enmarcan en la alianza organizada por Trump, en la cual participan 19 países, podrán ampliarse a «donde quiera» que operen grupos del narcotráfico, dijo el secretario de Guerra estadounidense.
Sostuvo que, a corto plazo, Estados Unidos espera desplegar junto a sus aliados una «capacidad operativa como la que vieron con los ataques a las lanchas de droga» en el Caribe y el Pacífico.
