Liberado el ex secretario de Seguridad de Sinaloa; pavor por nuevas denuncias
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 17, Ago 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
El gobierno mexicano, en especial la “autónoma” y eficiente Fiscalía General de la República (FGR) todavía no conocen las circunstancias en las que fue “extraído” de nuestro país el capo del Cártel de Sinaloa (CDS) Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrido hace dos años en Culiacán, pero la despectivamente llamada oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ya interrogó a testigos y otros personajes involucrados directamente, hasta darse el lujo de dejar en libertad a uno de esos personajes centrales.
Al contrario de lo que se acostumbre en México, de guardar casi en secreto todo lo que ocurre en torno a investigaciones que involucran a funcionarios públicos, en el vecino país las acciones de sus agencias de seguridad casi de inmediato se hacen públicas.
Esto, porque ayer se anunció que el ex secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, uno de los diez funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, reclamados por la justicia de los Estados Unidos por supuestos vínculos con cárteles del narcotráfico, calificados en la Unión Americana como “terroristas”.
De manera diferente a como actuaron los otros acusados, que procuraron esconderse y acogerse a la protección del gobierno y del partido oficial, Morena, el ex secretario de Seguridad optó por presentarse voluntariamente ante las autoridades de los Estados Unidos, en una demostración –como parece confirmarse con su excarcelación– de que “el que nada debe, nada teme”.
De manera parecida actuó otro de los acusados, el ex secretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, quien se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos en mayo de 2026 en Nueva York para enfrentar cargos. De este exfuncioknario no se conoce por el momento su destino.
El mencionado ex secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, es un general en retiro con trayectoria en las Fuerzas Armadas y experiencia en áreas de inteligencia, operaciones y seguridad nacional.
De acuerdo con información del gobierno de Sinaloa se graduó de licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra, además de estudios en Derecho, una maestría en Seguridad y Defensa Nacional del Colegio de Defensa Nacional y un doctorado en Derecho.
Antes de asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, ocupó diversos cargos militares y estratégicos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El nombre del general en retiro apareció entre los 10 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntamente tener nexos con el Cártel de Sinaloa.
Esto último parecía muy lógico, pues desempeñaba esa estratégica función en la fecha en que “El Mayo” Zambada fue “extraído” de territorio nacional en un operativo que, hasta la fecha, dos años después (ocurrió el 25 de julio de 2024), no se ha podido aclarar bien a bien en México, pues la FGR está en espera de que su contraparte de los Estados Unidos tenga a bien darle un recuento pormenorizado de lo sucedido en la finca conocida como Huertos del Pedregal, en Culiacán.
El militar de algo grado presentó su renuncia al cargo hasta diciembre de 2024, por lo que surgieron las sospechas de que podría estar involucrado en esos sucesos en los que, además, resultó asesinado el ex rector de la Universidad de Sinaloa y diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén, pero lo cierto es que esas averiguaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía General del estado, entonces a cargo de Sara Bruna Quiñónez Estrada, presuntamente muy cercana al gobernador Rocha Moya. Ella renunció semanas después, el 16 de agosto de 2024, tras revelarse inconsistencias e irregularidades en la investigación local sobre el mismo caso, en particular un intento de encubrir el asesinato de Cuén en ese sitio y hacerlo aparecer como consecuencia de un fallido asalto en una gasolinería.
El fallido engaño fue puesto en evidencia por la Fiscalía General de la República, entonces a cargo del ahora embajador ante la Gran Bretaña, Alejandro Gertz Manero, pero seguramente por tratarse de una funcionaria allegada a la llamada Cuarta Transformación no se emprendió ninguna acción contra ella. También resulta notable que las autoridades de los Estados Unidos no la incluyeron en la relación de funcionarios y ex cuya extradición ha sido solicitada al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La entrega voluntaria del general Mérida Sánchez desató muchas especulaciones en el sentido de que revelaría muchos secretos de la administración que encabezó Rocha Moya, quien era paisano y amigo de “El Mayo”. O, tal vez, presentó evidencias de no haber estado en contubernio con organizaciones criminales y con ello logró conquistar su libertad.
Sea lo que haya ocurrido, las agencias de seguridad de los Estados Unidos no van a revelar el contenido de las averiguaciones, como tampoco han aclarado como fue que llegaron “El Mayo” y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, a territorio de la vecina nación.
El hecho es que ayer se hizo público que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, dejó la prisión de Brooklyn, en Nueva York, lo que hizo repuntar las suposiciones de haber negociado con el gobierno de Estados Unidos para ser testigo colaborador.
De acuerdo con información del periodista Arturo Ángel, del portal Entorno MX, el general Mérida abandonó la prisión después de haber estado preso durante tres meses,
La fuente refiere que el registro del Buró Federal de Prisiones de los EU resalta que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa salió del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el pasado 11 de agosto. Hasta el momento, no se ha detallado si ingresó a algún otro centro penitenciario federal estadounidense.
Medios estadounidenses apuntan que la aparente liberación del ex titular de Seguridad Pública de Sinaloa no significa que haya sido liberado, sino que podría estar en proceso de entrar al programa de testigos colaboradores que tiene la administración de Donald Trump.
El ex secretario de Seguridad de Sinaloa figura en la lista presentada el pasado 29 de abril por el Departamento de Justicia estadounidense por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa en tráfico de drogas y posesión de armas, relación en la que también aparecen el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza, así como Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal.
En la primera audiencia en la corte de Nueva York el ex secretario no se declaró culpable ni inocente; ante su silencio la Corte lo declaró inocente y ahora está libre.
Por otra parte, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación tendrá, como en sus mejores momentos para el régimen, un Tribunal Electoral con solo cinco magistrados.
Es de recordar que el máximo tribunal funcionó dos años con sólo cinco magistrados, cuando debería estar integrado por siete y en ese periodo autorizó medidas favorables para el gobierno de Morena, como la sobrerrepresentación en las cámaras del Congreso de la Unión, con lo que la 4T pudo hacer las reformas constitucionales que deseaba.
Esto fue posible porque se formó un bloque oficialista con tres magistrados, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, y Felipe Fuentes Barrera que impuso su número siempre que se trataba de proyectos favorables al oficialismo, mientras que Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis constituyeron una especie de oposición, pero que ellos defendían como apego a lo establecido en las leyes.
El total de siete se alcanzó temporalmente con la elección, mediante las votaciones del acordeón de dos nuevos magistrados, Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto Bátiz García. Sin embargo, a partir de octubre del año pasado, volvió a quedar incompleto por la renuncia de Janine Otálora Malassis, quien se negó a cumplir el periodo adicional que les habían concedido los legisladores.
A partir del último día del presente mes, la lista se reducirá a cinco, debido a la renuncia, sin explicación, de Soto Fragoso.
La 4T no tiene nada que temer, sus incondicionales siguen en mayoría, pues si se va una, allí están los dos surgidos de la tan pregonada reforma judicial.
