Indefensos
Augusto Corro viernes 24, Jun 2011Punto por punto
Augusto Corro
- Embate criminal contra periodistas
- Secuestrados, torturados y asesinados
- Nadie los protege, nadie los auxilia
El periodismo sufre un embate criminal auspiciado por la corrupción e impunidad que priva en las diferentes esferas del gobierno en sus tres niveles: federal, estatal y municipal. Lo anterior, se desprende del número de periodistas asesinados en los gobiernos panistas. Sin distinción alguna, reporteros, columnistas, reporteros gráficos, propietarios de medios e instalaciones de diarios son el blanco de las bandas del crimen organizado y de las propias autoridades. En los sexenios panistas, más de 70 periodistas han sido secuestrados, torturados, desaparecidos, asesinados e inhumados clandestinamente. También hay quienes solicitaron asilo político temporal o definitivo en otros países.
La guerra del gobierno federal contra la narcodelincuencia alteró totalmente la manera de ejercer el periodismo en amplias regiones del país, principalmente en los estados norteños, donde impusieron su fuerza los diferentes carteles de la droga. En esas zonas, ser periodista significa estar a merced de los dueños de vidas y haciendas: los sicarios que se desempeñan en un país donde la justicia dejó de existir hace mucho tiempo.
¿De qué otra manera se puede entender tanta impunidad? Parece que con la declaración de guerra a los narcotraficantes se abrió la temporada de caza para acabar con los comunicadores. En este espacio damos cuenta de los periodistas victimados, conforme conocemos la noticia, y resulta que en todos los casos, el patrón de la tragedia es el mismo. Reporteros, columnistas y fotográfos acribillados a tiros. ¿Y de los asesinos? Nadie sabe, nadie supo. Surgen los discursos de las autoridades con las promesas de capturar a los asesinos y punto final.
Así la historia se repite hasta el infinito. La guerra fallida contra la delincuencia organizada se cobra en vidas la falta de una estrategia. Diferentes sectores de la sociedad mexicana sufren las consecuencias de esa confrontación bélica. Más de 40 mil mexicanos muertos y diez mil desaparecidos nos dicen que en esa lucha existen fallas que es necesario tomar en cuenta para terminar con esta carnicería humana.
Participar en la guerra contra la delincuencia organizada sin la preparación debida, provocó, entre otras cosas, que los medios de comunicación se colocaran en el escaparate de los intereses de los cárteles y de los gobiernos. Los poderosos que triunfaban, se encargaban de manejar las noticias o la línea editorial, conforme a sus necesidades. En algunos diarios se optó por aceptar las consignas de los narcos. Las amenazas de muerte y las ejecuciones de periodistas se incrementaron.
Como señalamos arriba, en algunos casos los asesinos de los representantes de la prensa vienen de los grupos de narcotraficantes; en otros, los victimarios son enviados por los políticos que aprovechan el río revuelta para saldar algunas venganzas. Entre la impunidad, la corrupción y los poderes económicos y políticos, el periodista queda en medio, sin protección alguna. Se tiene la impresión, que a las autoridades, lo que menos les interesa es la vida de un reportero. Por ejemplo, en casos bélicos internacionales, en los ejércitos se prepara adecuadamente a los corresponsales de guerra. En el lugar de las batallas, se toman las providencias del caso y no hay bajas de periodistas.
En México es diferente. Los medios de comunicación, afectados por la violencia, optaron por implementar sus propias medidas de seguridad, que, desafortunadamente, no cumplieron con su objetivo. Específicamente en Chihuahua, en los principales diarios se entregaron chalecos antibalas a los reporteros y se acordó que éstos llegaran a las escenas del crimen después de la policía. Los periodistas decidieron, con sus propios medios, resolver su problema de seguridad personal, con los resultados que todos conocemos.
Concretamente, según estadísticas del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, el cien por ciento de los crímenes de periodistas que se han cometido en el país de 2000 a la fecha, se encuentran sin castigo. Aunque la cifra de los asesinatos varía un poco, el promedio que se maneja es de 70 periodistas ultimados.
Una vez planteado este sombrío panorama, es necesario señalar que a las autoridades poco les importa la suerte de los comunicadores, en estos tiempos de violencia y baños de sangre desatados por la guerra de Calderón contra la delincuencia organizada. Cuando un periodista es sacrificado, las autoridades prometen que el crimen no quedará impune y que los asesinos serán castigados con todo el peso de la ley. No ocurre así. La demagogia gubernamental cumple, ampliamente, su objetivo.
En septiembre de 2010, Calderón se reunió con miembros del CPJ y de la Asociación Interamericana de Prensa. Se comprometió a tomar medidas para proteger los derechos de los periodistas y hacer de la libertad de expresión una prioridad para su gobierno. El hecho es que en el presente año van ya por lo menos trece asesinatos de representantes de los medios de comunicación.
En un informe de la Misión Internacional, conformada por 13 organizaciones internacionales de libertad de prensa y expresión, señalaron que “impunidad, violencia, abandono de familiares de periodistas asesinados e ineficiencia por parte del gobierno federal para investigar los crímenes caracterizan el ejercicio del periodismo en México, hoy en situación grave”.
En declaraciones al diario “La Verdad”, la legisladora panista, Yolanda Valencia Vales, afirmó que “la situación que vive el gremio periodístico en México gira en torno siete problemas específicos: impunidad en el sistema judicial, colusión de las autoridades con los agresores, infiltración del crimen organizado en las esferas del poder público, falta de voluntad política para resolver los casos, falta de eficacia en las averiguaciones previas, falta de preparación de los cuadros policiales y falta de solidaridad entre medios de comunicación”. ¿Así o más claro?