Productores de la masa y la tortilla rechazan pactar reducción de precios

Quintana Roo lunes 23, Jun 2025

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

 

 

• Abandonan la mesa de negociación con el gobierno federal

 

La mesa de negociaciones entre el gobierno federal y representantes de la industria de la masa y la tortilla concluyó sin acuerdos. Los productores rechazaron de manera tajante la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de reducir en un 10 por ciento los precios de estos productos básicos, calificándola de “inviable e insostenible”.

El encuentro, celebrado en la Secretaría de Economía, tenía como objetivo establecer mecanismos para frenar el alza de precios en alimentos esenciales. Sin embargo, tras más de cuatro horas de diálogo, los representantes del sector tortillero decidieron abandonar la reunión, acusando al gobierno de presionar con medidas que ignoran los costos reales de producción.

Rubén Montalvo Morales, presidente de la Asociación de Productores de la Masa y la Tortilla en Quintana Roo, expresó un rechazo firme a la propuesta presidencial que plantea una disminución de hasta el 10 por ciento en el precio de la masa y la tortilla. De acuerdo con el líder gremial, la iniciativa carece de sustento si no se garantiza la estabilidad de los insumos básicos, como las harinas procesadas.

Durante una reciente reunión con representantes del gobierno federal, Montalvo Morales señaló que no se ofrecieron compromisos formales por parte de las empresas harineras para congelar o reducir los costos de producción, por lo que optaron por no adherirse al acuerdo promovido por la administración de Claudia Sheinbaum.

“Sin garantías claras, no podemos asumir una reducción que afectaría directamente la viabilidad de miles de productores”, afirmó el dirigente.

Los líderes empresariales argumentaron que la propuesta presidencial no tomó en cuenta el contexto inflacionario ni los efectos de la liberalización del mercado del maíz. Señalaron que el precio del grano ha aumentado un 17% en el último año, sumado a incrementos en gas LP y electricidad, lo que ha puesto en jaque a pequeños productores en todo el país.

Recordó además que, desde octubre de 2024, la Presidenta había anunciado su intención de disminuir en dos pesos el precio por kilo de tortilla, pero desde entonces no se han presentado mecanismos concretos para respaldar dicha política.

“La propuesta es inviable si no se involucra también a las harineras. De lo contrario, el peso del ajuste recae únicamente en los pequeños productores”, agregó.

Enfatizó que el sector está dispuesto a colaborar con iniciativas que beneficien al consumidor, pero que, sin certidumbre en los precios de los insumos, resulta imposible sostener una baja sin poner en riesgo la operación del gremio.

 

Bajar precios sería insostenible

Montalvo asegura que el gobierno busca generar la percepción de que habrá una reducción en los precios de la masa y la tortilla, o al menos que estos no aumentarán en los próximos años. Sin embargo, advirtieron que esta narrativa podría derivar en señalamientos hacia los industriales por presuntos abusos, afectando negativamente su imagen pública.

Recordó que, pese a los compromisos asumidos, tanto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como por la actual mandataria, los precios del gas, la harina, la electricidad y los fletes han registrado incrementos, lo que ha repercutido directamente en los costos de producción de la industria. “Si el gobierno desea que disminuya el precio de la masa y la tortilla, primero debe garantizar que no seguirán aumentando los precios de los insumos”, subrayaron.

Y anticipó que en los próximos meses podría aplicarse un ajuste en los precios, ya que el valor actual de venta no refleja los verdaderos costos operativos debido al encarecimiento de los insumos.

Por su parte, la Secretaría de Economía lamentó la ruptura del diálogo e hizo un llamado a la cordura. En un breve comunicado, la dependencia reiteró el compromiso de la administración Sheinbaum con el acceso a una alimentación digna y asequible para todas las familias, advirtiendo que no se descarta establecer medidas regulatorias si el sector no coopera.

Antonio Mendoza, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías (UNIMTAC), añadió. “Bajar los precios sería irresponsable. No podemos asumir una reducción cuando el maíz, la energía y la renta continúan subiendo”.

“Lo que necesitamos es apoyo estructural, no imposiciones populistas”, remarcó Mendoza, quien pidió al Ejecutivo establecer un esquema de subsidios o incentivos fiscales si se busca frenar el impacto económico en los hogares mexicanos.

Por su parte, la Presidenta subrayó que “la tortilla no puede seguir siendo inaccesible para millones de mexicanos”, y anunció que su gobierno explorará “otras vías” para garantizar la estabilidad de precios.

El rompimiento de las negociaciones deja al país ante un escenario complejo, donde el precio del kilo de tortilla podría superar los 26 pesos en algunas regiones.

 

 

Sigue déficit de mano de obra en Playa 

 

A pesar del crecimiento sostenido del turismo en la Riviera Maya, el sector hotelero de Playa del Carmen continúa enfrentando un déficit de mano de obra del 15%, reconoció el secretario municipal de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones, Antón Augusto Bojórquez Mackay.

Durante la sexta Feria del Empleo realizada en el fraccionamiento Villas del Sol, el funcionario explicó que, aunque existen más de 850 vacantes disponibles en hoteles y servicios turísticos, la respuesta de la población ha sido limitada. “Definitivamente tenemos un déficit. Necesitamos que más personas se sumen al mercado laboral para que la industria pueda mantener los estándares que exigen los visitantes”, declaró.

El bajo interés por incorporarse a estos empleos ha encendido las alertas entre autoridades y empresarios, quienes advierten que la escasez de personal podría afectar la calidad del servicio en uno de los destinos más visitados del país. Para contrarrestar esta tendencia, el gobierno municipal ha implementado diversas estrategias, como ferias de empleo presenciales y digitales, así como eventos dirigidos a jóvenes y personas con discapacidad.

La situación se da en un contexto complejo para el sector turístico, que también enfrenta desafíos como el recale masivo de sargazo y una baja en la ocupación hotelera en establecimientos pequeños, que actualmente ronda apenas el 33%. Sin embargo, los grandes complejos hoteleros mantienen una demanda constante de personal, especialmente en áreas operativas como limpieza, cocina, recepción y mantenimiento.

Bojórquez Mackay subrayó que se requiere una mayor participación de la población local y foránea para cubrir las vacantes y garantizar la competitividad del destino. “El turismo es el motor económico de Playa del Carmen, pero sin capital humano suficiente, corremos el riesgo de perder calidad y reputación”, advirtió.

 

 

 

 

Rechazo de empresarios a legalizar invasión de viviendas

 

Se vulnera el derecho de propiedad y pone en riesgo el patrimonio de millones 

 

Organismos empresariales de alto nivel expresaron su rechazo categórico a la propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que busca legalizar la ocupación irregular de viviendas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra y precios subsidiados.

La iniciativa presentada por el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, ha generado una ola de críticas por parte de cámaras empresariales como la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

En un comunicado conjunto, los empresarios advirtieron que la propuesta “institucionaliza la ilegalidad” al permitir que personas sin vínculo jurídico con el Infonavit ni con los propietarios legítimos puedan adquirir viviendas invadidas a precios por debajo de su valor real. “Esto representa un grave precedente que vulnera el derecho de propiedad y pone en riesgo el patrimonio de millones de trabajadores”, señalaron.

Según datos de la Secretaría del Bienestar, de las 168 mil viviendas censadas, el 86% están ocupadas por personas sin relación legal con el Instituto ni con los dueños originales. Los empresarios subrayaron que el Infonavit carece de atribuciones legales para transferir propiedades que no le pertenecen, y que la atención a población no afiliada corresponde a otras instancias como la Sedatu o la Conavi.

Además, alertaron sobre la crisis financiera que enfrenta el Instituto: la morosidad en el pago de créditos supera el 18% y la cartera deteriorada alcanza el 32%, lo que refleja una situación de alta vulnerabilidad económica. “En lugar de resolver los créditos vencidos, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Infonavit”, declaró Juan José Sierra, presidente de Coparmex.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró recientemente que “la propiedad privada está resguardada” y que no se quitarán viviendas a sus legítimos dueños, los empresarios exigieron que estas declaraciones se traduzcan en acciones concretas que garanticen la certeza jurídica y el respeto al estado de derecho.

Los organismos firmantes hicieron un llamado a la Asamblea del Infonavit para frenar cualquier intento de legalizar ocupaciones al margen de la ley y reiteraron su compromiso con la defensa del patrimonio de los trabajadores y la legalidad institucional.