México no protege a narco-políticos, pero los acusados no aparecen
Miguel Ángel Rivera, Opinión martes 7, Jul 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Por ley, hasta las menores -¿se les puede calificar de humildes?- aeronaves tienen obligación de reportar a las autoridades aeronáuticas sus despegues, aterrizajes y, en general, todos sus planes de vuelo.
Es de suponer que, en concordancia, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) tiene o debería tener, la capacidad de registrar todos esos movimientos en el espacio aéreo nacional.
Esto sí es una cuestión de seguridad nacional, no tanto por temor a una invasión extranjera, pero sí para lograr un mayor control de vuelos ilegales realizados por los cárteles del narcotráfico en prácticamente todo el territorio del país.
Esta digresión es necesaria para referirse al caso del secuestro, en Sinaloa, del cual se van a cumplir dos años el venidero día 25, del capo del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, apenas el lunes pasado condenado en los Estados Unidos a prisión perpetua. Supuestamente también era perseguido por las autoridades nacionales, pero nunca sufrió la molestia de un arresto.
Ismael “El Mayo” Zambada nunca fue encarcelado en México. A lo largo de sus cinco décadas operando en el narcotráfico, logró evadir la prisión en territorio mexicano. Solo se tiene registro de su breve ingreso a un reclusorio de la Ciudad de México entre finales de 1991 y principios de 1992. Fuentes extraoficiales aseguran que no fue como detenido; acudió voluntariamente a una reunión secreta de carácter “empresarial” con otros líderes del crimen organizado.
En cambio, en la Unión Americana, la organización criminal que encabeza, en realidad una fracción del poderoso Cártel de Sinaloa, es considerada terrorista y, por eso conforme, a las leyes de la vecina potencia, sus cuerpos de seguridad están facultados a actuar en contra inclusive en territorio de otras naciones.
Todo indica que esto fue lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, es 25 de julio de 2024. Ya sea con sus propios elementos o con el auxilio de “amigos” contratados en México, las agencias estadunidenses como la CIA, el FBI, la DEA o algunas otras, el “intocable” capo fue llevado a los Estados Unidos, en donde lo reclamaba un tribunal de Nueva York que ya ha condenado a otros líderes criminales mexicanos, como Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, que antes de ese operativo era su socio.
El propio Zambada, en cartas dadas a conocer por sus abogados, relató haber sido traicionado por su ahijado Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, que lo citó a una reunión supuestamente amistosa, a la que también acudirían el diputado federal electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Héctor Melesio Cuén y, supuestamente, el gobernador de ese estado, Rubén Rocha Moya.
El resultado de esa celada fue el “secuestro” de “El Mayo” que, la “eficiente” Fiscalía General de la República (FGR) llegó a calificar como “traición a la patria”, así como el asesinato de Cuén, que luego se intentó disfrazar como intento de asalto, horas más tarde, en una gasolinería de la ciudad de Culiacán.
Al margen de la incapacidad de la FGR, a cargo de la “fiscal carnal” Ernestina Godoy Ramos, para solucionar este caso, salvo poner en evidencia la fallida coartada construida por el gobierno de Rocha Moya, el secuestro o aprehensión de “El Mayo” fue posible por la operación de un vuelo fantasma que las eficientes autoridades aeronáuticas mexicanas no lograron registrar. Para los agentes estadunidenses, todo resultó un éxito, tanto que ahora la aeronave utilizada en esa acción, ya con su registro original – que fue modificado para el operativo- ha sido instalada, al parecer temporalmente, en el museo War Eagles Air Museum, donado por el FBI, lo cual confirma la intervención de esa agencia en el traslado del narcotraficante. El salón está en el aeródromo de Santa Teresa, Nuevo México, a solo 30 minutos de Ciudad Juárez, que fue precisamente donde aterrizó con su cargamento de narcos.
A pesar de tantas evidencias y testimonios, el gobierno mexicano no se da por enterado y continúa, 24 meses después en espera de un informe “oficial” de las autoridades del vecino país. La FGR ni los órganos de “inteligencia” nacionales han podido aportar elementos para justificar la indignación del gobierno mexicano.
Por el contrario, las autoridades de los Estados Unidos no han dado por cerrado el caso, pues lo consideran parte de una operación mucho mayor de combate a los grupos del narcotráfico que ellos consideran terroristas. La prueba es que se le vincula con la demanda presentada ante el gobierno de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo para detener, con fines de extradición, a diez políticos encabezados por el gobernador con licencia de Sinaloa, el mencionado Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, por vínculos con el narcotráfico.
La presunta responsabilidad de los indiciados tomó mayor fuerza por el hecho de que dos de ellos ya están en poder de las autoridades del vecino país. Uno es el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya y el otro es Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa.
Contrario a estos antecedentes, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación se mantiene, primero, en la ignorancia y luego en la falta de pruebas.
Primero, el caudillo y fundador de la 4T, el ex presidente López se limitó a exigir información precisa del operativo para extraer a “El Mayo” y, de paso, casi congeló las relaciones diplomáticas con la vecina potencia, pues de entrada le retiró el derecho de picaporte al ex embajador Ken Salazar.
La presidenta Sheinbaum alegó que no existen pruebas fehacientes para justificar la entrega de los políticos (de Morena) y, además, ha enarbolado la bandera del nacionalismo y ha protestado por supuestos actos injerencistas.
El hecho es que los reclamados por los Estados Unidos gozan de virtual impunidad. Se ignora el paradero del gobernador Rocha Moya, aunque versiones extraoficiales aseguran que goza de protección de cuerpos de seguridad gubernamentales a pesar de que no está en funciones. El senador Inzunza también está desaparecido; ha dejado de cumplir sus funciones legislativas, pero funcionarios de su Cámara han confirmado que recibe puntualmente sus dietas y demás prestaciones.
En su defensa de sus correligionarios, la presidenta Sheinbaum ha sostenido desde su mañanera la falta de pruebas presentadas por el tribunal que reclama a los funcionarios nacionales y, claro, sostiene que no hay en su gobierno vínculos con la delincuencia.
En lo que se interpretó como un “endurecimiento” de la posición de su gobierno, la mandataria afirmó que su administración no mantiene pactos con grupos delictivos y sostuvo que su exigencia de esclarecer la captura de Ismael “El Mayo” Zambada responde a la defensa de la soberanía nacional y a la relación bilateral con Estados Unidos, no a la protección de algún criminal.
Sheinbaum reiteró que México continuará actuando contra la delincuencia organizada y rechazó los señalamientos de quienes aseguran que el gobierno intenta favorecer a integrantes del Cártel de Sinaloa.
La polémica volvió a tomar fuerza luego de que se difundiera que la avioneta utilizada para trasladar a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos forma parte de una exposición donde el FBI presenta ese hecho como parte de uno de sus operativos.
En relación a los comentarios de políticos de los Estados Unidos, encabezados por su presidente, el magnate Donald Trump, de que México es gobernado por los narcos y de que el gobierno de la 4T busca proteger a integrantes del crimen organizado, Sheinbaum respondió:
“Nosotros no hacemos pactos con criminales, nunca. Actuamos todos los días, ni con criminales de la delincuencia organizada, ni de cuello blanco. Nunca. Somos un gobierno que nos caracterizamos por la honestidad y por nuestros principios y eso es lo que nos da la autoridad”, afirmó.
La jefa del Ejecutivo volvió a demandar informes precisos en relación con la captura y extracción forzada de “El Mayo” Zambada.
A su vez, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicita la información necesaria y debe determinar qué tipo de participación tuvo Estados Unidos.
Esa deseada información de la Fiscalía se debe esperar sentados.
