Precio tope de $630,000 en Vivienda del Bienestar frena proyectos
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- Desafíos de proyectos habitacionales
- Este monto no refleja el costo del suelo en principales ciudades, lo que podría llevar los desarrollos a zonas alejadas: CMIC
Bajo las condiciones a del programa Vivienda del Bienestar existe el riesgo de que los desarrollos se ubiquen en zonas alejadas de centros de trabajo, donde el suelo resulta más económico, pero aumentan los costos de transporte y disminuye el acceso a servicios urbanos.
Uno de los principales desafíos para desarrollar proyectos de Vivienda del Bienestar en las urbes del país como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, es el precio máximo de 630,000 por unidad, donde el valor del suelo rebasa ese tope, de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
El programa federal requerirá ajustes en materia de desarrollo urbano, financiamiento y precios regionales para cumplir el objetivo de edificar 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, especialmente en las zonas donde se concentra la mayor demanda de los trabajadores, señala el organismo.
Hasta el momento, el gobierno federal reporta alrededor de 604,000 casas contratadas por los Organismos Nacionales de Vivienda, lo que representa una inversión de 362,400 millones de pesos, aunque la meta sexenal contempla una inversión cercana a 1 billón de pesos.
“Se está haciendo un gran esfuerzo. Hoy día por los números nos dicen que sí se va a lograr; sin embargo, son 604,000 viviendas contratadas actualmente, más no construidas, entonces hay que seguir muy al pendiente”, señaló Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC.
Precio único insuficiente
Luis Armando Díaz Infante Chapa, secretario nacional de la CMIC, explicó que el precio de la Vivienda para el Bienestar no refleja las diferencias del mercado inmobiliario entre las distintas regiones del país.
«Se deberían revisar los mecanismos de financiamiento o de pago, como arrendamientos financieros con pagos escalonados, que permitan incrementar el valor de la vivienda por regiones, porque los 630,000 pesos no pueden aplicarse a todo el país. Ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tienen un precio del suelo mayor», afirmó.
Según datos del gobierno federal, la capital mexicana registra apenas 1% de cumplimiento de su meta, Jalisco alcanza 9% y Nuevo León 18% por ciento. En contraste, estados como Tabasco y Quintana Roo reportan avances superiores a 70 por ciento.
Riesgo de abandono
Los expertos remarcaron que la producción de vivienda debe concentrarse en las zonas donde existe mayor necesidad entre la población.
Bajo las condiciones actuales, añadieron, existe el riesgo de que los desarrollos se ubiquen en zonas alejadas de los centros de trabajo, donde el suelo resulta más económico, pero aumentan los costos de transporte y disminuye el acceso a servicios urbanos.
“Sí se corre ese riesgo; es un hecho”, respondió Díaz Infante al ser consultado sobre la posibilidad de que el programa derive en un fenómeno de vivienda desocupada por su ubicación.
Rezagos políticas de desarrollo urbano
Para la CMIC, el éxito del programa no dependerá únicamente del presupuesto destinado a la construcción de Viviendas del Bienestar, sino también de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para facilitar el desarrollo de proyectos.
Díaz Infante afirmó que los municipios aún presentan rezagos en la actualización de sus políticas de desarrollo urbano, lo que limita la construcción de proyectos con mayor densidad.
“Muchos municipios no aceptan desarrollos habitacionales con más de dos o tres niveles y eso impide generar vivienda bien ubicada a un precio accesible”, apuntó.
Líneas de acción para combatir el déficit
México enfrenta un déficit habitacional de alrededor de 8.8 millones de hogares, por lo que el gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional de Vivienda 2026–2030, con el objetivo de ampliar el acceso a vivienda y atender las carencias estructurales del sector.
El decreto, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación, establece que el programa será obligatorio para las dependencias federales, lo que implica su integración en la planeación y ejecución del gasto público. De acuerdo con el documento, “es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.
El nuevo programa se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y plantea como eje garantizar el derecho a la vivienda adecuada, con énfasis en población de bajos ingresos y en condiciones de vulnerabilidad.
El documento detalla la visión de la administración federal en materia habitacional. En lugar de centrarse únicamente en el financiamiento, plantea una estrategia que incorpora acciones de construcción, mejoramiento y regularización.
En ese sentido, señala que “el derecho a una vivienda adecuada trasciende la materialidad de un espacio construido”, lo que implica integrar factores sociales, territoriales y económicos en el diseño de la
