¿Y García Luna para cuándo?
¬ Juan Manuel Magaña viernes 15, Mar 2013Política Spot
Juan Manuel Magaña
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llegó a la conclusión de que un total de 21 funcionarios cometieron faltas graves al debido proceso durante la detención en calidad de secuestradora de la francesa Florence Cassez, el 9 de diciembre de 2005, en el rancho “Las Chinitas”.
Entre esa gente del gobierno se distingue al ex titular de la AFI, Genaro García Luna, contra quien dice que presentará una demanda penal.
Ocho años después de aquellos oscuros sucesos que la televisión dio “en vivo”, la CNDH tuvo a bien presentarnos un informe especial.
Según la investigación, otros altos servidores públicos “involucrados en probables delitos y faltas administrativas” serían Jorge Rosas García, Luis Cárdenas Palomino, y Francisco Garza Palacios, así como 15 elementos de la AFI y dos agentes del Ministerio Público.
El ombudsman Raúl Plascencia Villanueva señaló en conferencia de prensa que dichos funcionarios cometieron irregularidades al realizar su investigación sobre el secuestro de una persona, con lo cual ‘‘viciaron el procedimiento penal respectivo’’, afectando el resultado del mismo y agraviando a las víctimas del delito.
Es decir, en buena medida se refería sin mencionarlo al famoso montaje televisivo que comenzó en Televisa.
¿Se acuerdan? Aquello que en la Suprema Corte, ni más ni menos, fue denominado “escenificación ajena a la realidad”.
Plascencia llamó al Estado a investigar quiénes y de qué forma participaron en esa ‘‘escenificación ajena a la realidad’’ que presentó el arresto actuado de la ciudadana francesa, cosa que tuvo como consecuencia que el pasado 23 de enero la Suprema Corte ordenara la liberación de Cassez, ‘‘no por ser inocente, sino por faltas al debido proceso’’.
Tiene razón en que lo menos que puede hacer la PGR en este caso es profundizar las investigaciones para fincar las responsabilidades contra los servidores públicos que pervirtieron el proceso y dejaron sin justicia a las víctimas.
Por lo pronto, esos funcionarios podrían haber cometido faltas contra la administración de la justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública. Pero sobre todo hay que castigar, más ahora que anda de moda aplaudir, como en el caso de Elba Esther, “el fin de la impunidad”.
Para el ombudsman es la impunidad el peor mensaje que se puede enviar a la sociedad mexicana, porque genera decepción, frustración e incertidumbre, e impide que quienes han cometido un delito sean castigados con todo rigor.
Lo que me pregunto es por qué hasta ahora actúa la CNDH, cuando tuvo ocho años para hacerlo. Uno puede entender que la televisión -”tienes el valor o te vale”- se atreva a reconocer el montaje muy a su modo y conveniencia: cuando ya estaba bien lampareada, cuando ya se habían ido Calderón y García Luna, y con la fórmula del no me di cuenta y cuánto lo siento.
Pero el ombudsman Plascencia debió haber estado en la primera línea de defensa no de la francesa en sí, sino de las víctimas de secuestro a las que todos, subrayo to-dos, los que participaron en el montaje se llevaron entre las patas.
No debió haber esperado también a que se fueran el presidente del horror y su alter ego García Luna. Sin embargo en estas cosas más vale tarde que nunca. Y esperemos que la PGR tenga el valor y no le valga.
Y sí tiene razón el de la CNDH. Su organismo no tiene facultades para analizar el trabajo de los medios de comunicación electrónicos que transmitieron ‘‘en vivo’’ la noticia del arresto de la francesa. Pero que no se preocupe, a esos se los ha estado cargando el desprestigio. Y ese no se quita con fab.